A los primeros cuatro imputados, el juez los consideró “penalmente responsables 
del delito de defraudación a la administración pública por administración fraudulenta. 
A la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Martínez de Giorgi la 
procesó en calidad de “partícipe necesario” en el mismo hecho. El procesamiento 
también es sin prisión preventiva. Según el juez, Bonafini conocía los desmanejos 
financieros que realizaban los apoderados de la fundación y, en esa línea, “al menos 
participó de esos quehaceres aprobando los irregulares balances de la institución y 
autorizando indebidamente la tercerización a la empresa Meldorek S.A. de los servicios 
que habían sido contratados directamente a la Fundación”.
Fiel a su estilo directo, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo grabó 
ayer un video para responder a la medida judicial. “Tenemos muy claro que desde los 
poderes Judicial y Legislativo no se solucionan los problemas de los pueblos, esos se 
resuelven en las calles. Vengan a ver mi patrimonio, vivo en la misma casa de siempre 
y no tengo ni bicicleta. Y saben que tengo la conciencia muy tranquila, que revisen lo 
que quieran”, expresó. “Gracias a las familias enteras que nos están llamando, no se 
preocupen, compañeros, las Madres tenemos las cosas muy claras, sabemos bien 
dónde 
está el enemigo y lo señalamos. Vamos a seguir defendiendo el proyecto nacional y 
popular, y a nuestros hijos por haberse animado a ser revolucionarios y combatientes. 
Vamos a seguir denunciando a este Gobierno que no podía ser más sádico y más ladrón, 
lo peor que nunca nos pudiéramos imaginar”, agregó.
Martínez de Giorgi consideró “probado” que los hermanos Schoklender, como 
apoderados 
de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, tuvieron una activa participación en la 
gestión y ejecución de las construcciones adjudicadas a esa entidad, y que, con 
posterioridad, 
una 
vez cobrados los montos correspondientes a esas obras, “desviaron la suma de 
206.438.454,04 pesos, que canalizaron a distintas personas y empresas a través de 
cheques y transferencias a sus cuentas bancarias” o a otras personas y empresas 
que 
habrían recibido dinero sin dar ninguna contraprestación.
Según el juez, el éxito de la maniobra fue posible gracias a la utilización del 
prestigio y la trayectoria que la Asociación Madres de Plaza de Mayo cuenta 
en el área de la defensa de 
los derechos humanos, y al “infiel desempeño de José Francisco López y Abel Claudio 
Fatala, quienes tenían a cargo la asignación de los recursos del Estado”. El juez 
Martínez 
de Giorgi exculpó a Julio De Vido, sobre quien dispuso la “falta de mérito” ya que, 
al menos 
por el momento, no es posible determinar su situación procesal.